La Agencia Tributaria puso ayer en marcha la reorganización del área de inspección con la creación de la Dependencia Central de Control Fiscal. La finalidad es centralizar la lucha contra el fraude y desarrollar actuaciones "que impliquen un control integral de la situación tributaria de determinados contribuyentes" en función de su riesgo fiscal.

Bajo la supervisión permanente de lo que hasta ahora ha sido la Oficina Nacional de Inspección (ONI) están las empresas que facturan más de 10.000 millones de pesetas. Con el nuevo plan puesto ayer en marcha por la Agencia Tributaria además de estas entidades, las personas físicas como consejeros, accionistas y altos directivos vinculados a las grandes sociedades también estarán bajo el control permanente de la inspección.

Para desarrollar estas actuaciones que implican, según fuentes de Hacienda, un "control integral de la situación tributaria de determinados contribuyentes según su riesgo fiscal", el área de inspección de la Agencia Tributaria ha debido reorganizarse. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), a cuyo frente está Jesús Bermejo, y la ONI, bajo la dirección de Santiago Domínguez, desaparecen de la nueva estructura de la Agencia Tributaria. La medida, que entró ayer en vigor coincidiendo con su publicación en el BOE, contempla la creación de una Dependencia Central de Control Fiscal que será la que se encargue de dirigir y coordinar las diversas unidades que heredarán el trabajo que hasta la fecha han realizado las dos oficinas desaparecidas.

En opinión de Antonio Corral, presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (Apife), esta reorganización "es claramente insuficiente porque afecta a los servicios centrales y no a los territoriales". No obstante, Hacienda se ha comprometido a extender estos cambios a los órganos territoriales el próximo año. La nueva estructura de la inspección fiscal afectará a una veintena de inspectores de Hacienda. Para Corral, a la hora de proceder a la reasignación de puestos, la Agencia debería utilizar el sistema de concurso y limitar al máximo los puestos de libre designación. La nueva reorganización no es sólo un cambio de nombres de departamentos. A las nuevas unidades también le corresponden nuevas funciones. Entre éstas, el ya anunciado control a los contribuyentes antes de que estén obligados a declarar. No obstante, fuentes de Hacienda han confirmado que esta atribución que tendrán determinados inspectores está pendiente de la que será la nueva Ley General Tributaria. El Gobierno se comprometió a llevar al Parlamento este texto antes julio, lo que, de momento, no parece que se vaya a cumplir.