El nuevo impuesto sobre la renta permitirá a los cónyuges
compensar sus cuotas aunque presenten declaración individual; es
decir, si a uno de ellos le toca pagar, podrá descontar la
devolución que le corresponda al otro. Además, la reforma intentará
que la mayoría de los contribuyentes no tengan que presentar la
declaración, contemplará una rebaja de la tarifa y una posible
disminución del número de tramos. Estas novedades serán incluidas en
el proyecto de ley que el Gobierno tiene previsto aprobar el año
próximo, según confirmó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro.
Después del IRPF vendrá la reforma del impuesto de sociedades y
la eliminación del impuesto de actividades económicas (IAE)para el
90% de las empresas en 2003. Montoro contrapuso al IRPF con uno o
dos tramos planteado por el PSOE otro 'gradual', que 'mejore la
progresividad', que 'sea compatible con el equilibrio
presupuestario' y que 'sea creíble'. Entre estas coordenadas es
donde el Gobierno quiere situar su próxima reforma, proyecto de ley
estará aprobado en los primeros meses del año próximo de forma que
se pueda aplicar en las retenciones de 2003 y en la declaración que
se presente en 2004. El ministro inauguró ayer un curso sobre
fiscalidad en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de
Santander, organizado por el Instituto de Estudios Fiscales, y
planteó los siguientes objetivos:
- Bajará la tarifa. Reiteró el compromiso de reducir la tarifa
del IRPF, aunque sin especificar en qué cuantía. Durante la última
campaña electoral, Aznar situó el tipo máximo entre el 46%, dos
puntos menos que ahora, y el mínimo en el 15%, tres menos. El número
de tramos, ahora situado en seis, no fue entonces mencionado, pero
la propuesta fiscal del PSOE ha dejado al Gobierno terreno para
'estudiar la posibilidad' de una reducción. Montoro volvió a atacar
la iniciativa socialista, que calificó de 'triple salto mortal sin
red, en el que si a uno no le sale bien se estampa contra el suelo'.
La reforma que Hacienda quiere sacar adelante persigue 'mejorar la
progresividad del impuesto', es decir, que paguen proporcionalmente
más quienes más ganan, y mejorar el trato de las rentas del trabajo,
a través de un aumento de la desgravación actual y mediante mayores
incentivos a los planes de pensiones. Montoro arremetió contra la
idea socialista de vincular el IRPF con una renta ciudadana, 'ya que
esto supondría aplicar un impuesto negativo, que no existe en ningún
país del mundo'.
- Compensación de rentas. Una novedad práctica es que los
cónyuges podrán compensar su cuota aunque presenten declaración
individual. Esto significa que si, por ejemplo, a uno le sale a
pagar y al otro a devolver, el que está en deuda sólo tendrá que
ingresar la diferencia. Al final, lo que se puede ganar es tiempo,
porque si la devolución a uno de ellos le llega después de la fecha
en que al otro le toca pagar, la pareja podrá descontársela antes de
efectuar el ingreso. El primer plazo para el pago termina el 20 de
junio, mientras que para efectuar las devoluciones Hacienda tiene
hasta final de año. En la última declaración se presentaron 4,5
millones de declaraciones conjuntas y 8 millones individuales, en
parte correspondientes a matrimonios (en las estadísticas de
Hacienda no figura desglosado). Con ello, se persigue, según
Montoro, simplificar el impuesto.
- Menos obligados a declarar. Otro objetivo de la reforma es
reducir el número de contribuyentes obligados a declarar. El sistema
consistiría, como en la actualidad, en que la Agencia Tributaria
envía al contribuyente una predeclaración, que éste debe firmar si
está conforme con su resultado. Ahora esta posibilidad está prevista
para aquellos que obtienen rentas del trabajo anuales inferiores a
3,5 millones de pesetas de un solo perceptor o de más, aunque en
este último caso con unos límites muy restrictivos. También están
excluidos aquellos que tienen inversiones en planes de pensiones o
vivienda, lo que hace que el sistema sólo haya funcionado para cerca
de dos millones de contribuyentes (datos de 1999, últimos oficiales)
sobre un total de 14. Para abrir el abanico, Hacienda elevará el
umbral máximo de 3,5 millones de pesetas y estudia la posibilidad de
incluir a quienes invierten en planes de pensiones y vivienda, para
lo cual deberá cotejar previamente los datos con las entidades
bancarias.
- Fiscalidad de las empresas. El ministro de Hacienda fijó para
el año 2003 la fecha para la supresión del impuesto de actividades
económicas (IAE) -que calificó de 'arcaico'- para el 90% de las
empresas. La eliminación se producirá al tiempo que entre en vigor
el nuevo sistema de financiación local, ya que el IAE es una de las
principales fuentes de financiación actuales de los ayuntamientos.
En cuanto al impuesto de sociedades, Montoro anunció un proyecto de
ley para el año próximo y negó que en la Ley de Acompañamiento de
los Presupuestos de 2002 se vaya a contemplar una rebaja del tipo
que se aplica a las plusvalías obtenidas por las empresas.
- Financiación autonómica. Junto a esos cambios fiscales, el
ministro de Hacienda informó también que el Gobierno quiere alcanzar
antes de las vacaciones de agosto el acuerdo político para el nuevo
sistema de financiación autonómica. Cristóbal Montoro anunció su
intención de convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera
durante la segunda quincena de julio, para que en 'una o dos
reuniones' se cierre el modelo y se pueda incluir en los
Presupuestos de 2002 para su entrada en vigor en esa fecha. Sobre la
propuesta del Gobierno, Montoro se inclinó por no dotar a las
comunidades autónomas de capacidad normativa en el IVA. Se basa en
la respuesta de la Comisión a un eurodiputado en la que rechaza
tipos distintos en un mismo Estado.
Descubierta una red de fraude en el IVA
La Guardia Civil ha desmantelado una red internacional
dedicada al fraude del IVA en el sector de la informática y ha
puesto al descubierto una estafa a Hacienda que podría superar los
10.000 millones de pesetas, mientras que el valor de venta de sus
productos podría haber superado los 80.000 millones.
La operación, denominada Fortuna-Cebados, se saldó con la
detención de 28 personas. Las investigaciones se iniciaron en 1998,
cuando la Fiscalía Anticorrupción conoció la existencia de una serie
de sociedades relacionadas con el mercado de material informático
que podrían estar cometiendo un delito contra la Hacienda Pública
mediante el fraude en el IVA. Se trata de un complejo entramado de
empresas, que se iban relevando y que aparecían como clientes de
reconocidas compañías del sector informático, establecidas en otros
países de la Unión Europea, principalmente
Holanda.
Estas sociedades vendían su mercancía a empresas legalmente
establecidas en España, previo paso por otras sociedades
instrumentales e intermedias, y posteriormente desaparecían en un
corto espacio de tiempo.
Así las primeras empresas evitaban ingresar en el Tesoro
Público el IVA repercutido en sus transacciones, que sí hacían
figurar en las facturas al vender los productos, con el fin de
beneficiarse de su deducción. En la operación se han investigado más
de 60 sociedades y 70 personas y se han efectuado 19 registros tanto
en domicilio como en empresas, 14 de ellos en Madrid, tres en
Valencia y dos en Barcelona.