El 87% de los ciudadanos mantiene que en España hay fraude fiscal, mientras que un 82% considera que no se reparten los impuestos según su idea de justicia social, según el último número de Papeles de la Economía Española de la Fundación de Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS).

El estudio, elaborado por los profesores Francisco Alvira y José García y basado en varias encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), muestra que al analizar el reparto de la factura de la justicia social, el 76% de los españoles considera que los impuestos "no se cobran con justicia", lo que es la causa principal del fraude.

Además, el 69% de la población opinaba en 2000 que se pagan muchos impuestos, frente a un 31% que piensa lo contrario. En cuanto a la percepción del fraude y el sentimiento de justicia, un 74% opina que hay amplio fraude y los impuestos se distribuyen injustamente, un 13% cree que a pesar del fraude el sistema es justo y otro 8% no percibe fraude, pero considera que la distribución es injusta.

Un 22% de los encuestados cree que el fraude ha aumentado y que no se hacen los esfuerzos suficientes para eliminarlo y dentro de ese grupo, el 68% considera que la inspección no se esfuerza lo suficiente. Por contra, el 32% cree que el fraude ha descendido y un 75% que la inspección se esfuerza en combatirlo, mientras que un 46% opina que la situación de fraude no ha cambiado en los últimos años.

En cuanto a las razones para no defraudar, un 82% de los encuestados está de acuerdo con que "si la gente no engaña más a Hacienda es por miedo a la revisión", y el 16% cree que se hace porque es un deber ciudadano. Respecto al destino de los impuestos, un 70% manifiesta que su deseo de más recursos para algunos servicios no debe suponer un aumento de los impuestos, y sólo el 13% admite la posibilidad de aumentar los impuestos para financiar un incremento del gasto.

Un 40% de los españoles está conforme al comparar su beneficio personal con su sacrificio por los impuestos que paga, y un 51% se siente perjudicado. En relación al déficit, un 52% se opone a él, un 27% está de acuerdo con esa fórmula de financiación y el 20% restante no opina.

Respecto a si se debe descentralizar la gestión de los recursos públicos, el 50% de la población elige la aproximación del centro de decisión del gasto a los ciudadanos, y en relación con la imagen de eficacia administrativa de unos u otros entes, un 40% elige al gobierno central, un 29% a los ayuntamientos y un 31% a las comunidades autónomas.

El papel del actual Gobierno en la gestión de los recursos públicos es mejor que los anteriores para el 34%, un 10% opina lo contrario mientras que un 41% cree que no ha habido cambios en la gestión.