El empresario inmobiliario Baltasar Aznar tiene declarado al juzgado que en 1998 su empresa, Metro 3, estaba siendo investigada por el inspector fiscal Álvaro Pernas y que un ex compañero de éste, Enrique Viola, le dijo que lo suyo se podía arreglar con 40 o 50 millones. 'Viola', manifestó el empresario, 'insistió en que me convenía aceptar su propuesta, porque si no las consecuencias podrían ser peores, ya que las inspecciones tributarias se sabía cómo empezaban pero no cómo acababan. También insistió en que el precio podía rebajarse'.

Pernas, ex inspector jefe de unidad, está en prisión preventiva desde enero, tras comprobar la juez Elisabet Castelló que intentó colocar parte de su patrimonio en el extranjero. También se le descubrió un zulo en el que escondía expedientes originales que afectaban a contribuyentes.

Sucesión de escándalos

La sucesión de escándalos relacionados con inspectores fiscales ha sido constante. Hay seis inspectores y cargos de Hacienda investigados en Barcelona en estos momentos. La llamada trama de Barcelona estalló en 1999, cuando el ex abogado del Grupo Torras y de Javier de la Rosa Juan José Folchi declaró en la Corte de Londres y en la Audiencia Nacional que el ex delegado de la Agencia Tributaria de Cataluña Ernesto Aguiar y el ex jefe regional de Inspección Josep Maria Huguet recibían cantidades millonarias en Suiza por realizar trabajos para De la Rosa, algo que ellos niegan.

Los inspectores de Hacienda son funcionarios de élite. Un colectivo de 870 inspectores que vigilan el comportamiento fiscal de los contribuyentes. Un inspector de Hacienda cobra una media de 9,5 millones al año; de ellos, 1,6 millones son retribuciones que dependen de distintas variables; sólo una de las ocho variables depende de la cantidad de fraude aflorada por su actividad. En otras palabras, no existe una relación directa entre salario y afloramiento de fraude.

El caso de Barcelona fue casi un trauma para la mayoría de los inspectores. Produjo un efecto desmoralizador que la Agencia Tributaria resolvió actuando con rapidez. El 16 de diciembre de 1998 Hacienda ya había iniciado la revisión de los trabajos de algunos inspectores, y en julio del año siguiente entregó sus conclusiones a la Fiscalía Anticorrupción, que acabó felicitando al director de la Agencia Tributaria por la colaboración.

'Lo que se produjo con Huguet y Aguiar en Barcelona es casi imposible que pueda reproducirse de nuevo', afirman fuentes oficiales de la Agencia Tributaria. Además, según Hacienda, se han reforzado los controles. Ahora la inclusión de contribuyentes en planes de inspección debe justificarse adecuadamente, lo mismo que sacar a un contribuyente del plan de inspección.

El caso de Barcelona contaba con la cobertura de Josep Maria Huguet, que hasta 1994 fue jefe de Inspección en Cataluña. Huguet tenía a su favor cuatro cosas: el éxito recaudador de su oficina, su prestigio de celoso cumplidor de las normas fiscales (se le consideraba un talibán), su ascendiente con Josep Borrell, ex secretario de Estado de Hacienda, y su aireado éxito como inversor en Bolsa, lo que justificaba aparentemente determinadas actitudes vitales.

El 8 de marzo de 2000, la fiscal Teresa Gálvez presentó una querella contra ocho funcionarios en activo o excedencia de la Agencia Tributaria. La querella afirma que no fueron 'comportamientos aislados, sino conductas presumiblemente concertadas'.

Los imputados -además de algunos empresarios como Eduardo Bueno o Josep Lluís Núñez Navarro y de algunos asesores de empresas- fueron José María Huguet y su esposa Rosa Guasch, Ernesto Aguiar, Manuel Abella, Álvaro Pernas, Juan José Lucas Carrasco y su esposa Mayra Mas, José Ramón Morató, Roger Bergua y el corredor de comercio Enrique Viola. Los que estaban en activo fueron suspendidos de empleo y sueldo, excepto José Ramón Morató.

El enriquecimiento más llamativo es el de los máximos jefes: Ernesto Aguiar y Josep Maria Huguet. Huguet tenía cuenta en la Banque Paribas de Suiza con ingresos de 247 millones. Aguiar la tenía en la misma entidad con movimientos desde 1990 e ingresos en francos suizos, dólares y marcos. Los dos atribuyen estos ingresos a fabulosas ganancias en Bolsa. ¿Pero es normal que un inspector tenga cuentas en Suiza?

Los acusados tenían fondos que gestionaban en común. Pernas llegó a decirle a un joven inspector que había invertido en su club de Bolsa y le pedía datos para declarar sus plusvalías. '¡Chico, tendrás que decidir si quieres ser rico o burócrata!'.

Tratos irregulares

Según Anticorrupción, la supuesta trama de Barcelona ofreció durante años al Grupo Núñez y Navarro un 'trato fiscal irregular'. Todo ello, presume la fiscalía, a cambio de 'contraprestaciones' del Grupo Núñez, que ha negado haber favorecido a los inspectores vendiéndoles pisos a precios más baratos. Algunos inspectores como Manuel Abella compraban pisos de lujo a Núñez mientras levantaban actas de sus empresas, obteniendo presuntamente trato de favor y recomendaciones ante cajas de ahorros.

Roger Bergua, inspector regional adjunto, compró otro piso residencial a Núñez. Otro inspector, José Lucas Carrasco, estaba comercialmente asociado al Grupo Núñez y Navarro, que le vendió no menos de 22 fincas. Lucas es titular de la sociedad LML, junto a su esposa, la ex subinspectora Mayra Mas, que, a pesar de no tener la más mínima infraestructura, facturaba al Grupo Núñez por más de cien millones. Lucas tenía cuenta en el Crédit Suisse de Ginebra.

Pero los escándalos en Barcelona no han sido los únicos. A finales de 1999 se descubrió en Madrid una red de extorsión que operaba desde la Unidad de Estudios Económicos y Sectoriales. Hacienda actuó con dureza disolviendo esta unidad y expedientando a varios inspectores, entre ellos a Mariano Navarro Rubio, hijo del que fuera ministro franquista de Hacienda. La unidad utilizó datos de la Agencia para extornionar a empresarios como Juan Abelló. ¿Nadie sabía en Hacienda que Navarro Rubio tenía 10 órdenes de busca y captura?

En Baleares se ha repetido el espectáculo. Hacienda ha sancionado a dos inspectores con suspensión de empleo y sueldo: a Sebastián Cañellas, por incompatibilidades, y a Javier Salvador Milla, por forzar contratos de empresas a favor de la firma de seguridad de su esposa. Se da la circunstancia de que Milla fue compañero de bachillerato de José María Aznar.