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Gestión
Los funcionarios de Hacienda creen que hay colectivos que defraudan habitualmente
El 34% de los ciudadanos piensa que el fraude es general
Redacción. Madrid.
Los funcionarios de Hacienda se muestran muy pesimista respecto al índice de fraude fiscal. Según el Barómetro Fiscal de 2000, elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (organismo que depende del Ministerio de Hacienda), el 92% de los funcionarios cree que existen colectivos "habitual y sistemáticamente defraudadores", principalmente profesionales liberales y empresarios, informa Servimedia.
La encuesta concluye que el 35% de los españoles está convencido de que el fraude fiscal está "muy generalizado" y el pago de impuestos es "muy imperfecto", mientras que el 65% restante considera que existen casos de fraude "importante", pero en general se pagan los impuestos de un modo "bastante correcto". Además, el 84% de los españoles se muestra contrario a la privatización de los servicios públicos, aunque sólo se trate de la gestión.
Para la elaboración de este informe estadístico se han realizado 1.500 entrevistas entre empresarios, agricultores, profesionales, asalariados y parados. El barómetro pone de manifiesto que la preferencia de que los servicios públicos no estén en manos privadas se ha mantenido constante antes y después de la llegada del Partido Popular al Gobierno. Sí se ha registrado, incluso, un aumento de seis puntos.
Los servicios públicos y prestaciones sociales que se han considerado en esta muestra son: ambulatorios y hospitales, autovías, colegios y universidades, ferrocarriles, las pensiones de jubilación, el seguro de desempleo, los servicios sociales, las pensiones de enfermedad o invalidez y las residencias de la tercera edad, entre otros. En 2000, un 66% de los ciudadanos apoya la idea de que esos servicios y prestaciones deben seguir siendo públicos y financiarse mediante impuestos.
Un 18% cree que esos servicios deben pagarse en parte mediante tributos y en parte por los usuarios. Un 7% considera más adecuado mantener el carácter público de los servicios mencionados, pero que sean gestionados por el sector privado.
Publicado en página 26
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