El aplazamiento de la reforma del impuesto de sociedades recibió ayer la respuesta inmediata de oposición y empresarios. Entre éstos y los asesores fiscales se lamentaba ayer la decisión anunciada por el vicepresidente Rodrigo Rato. El PSOE criticó no tanto el hecho en sí como por los motivos de fondo. 'No se deben utilizar los impuestos para amenazar o hacer electoralismo', dijo el secretario de economía del PSOE, Jordi Sevilla, para quien el Gobierno debe sentar las condiciones para que exista competencia y no se disparen los precios, en lugar de 'castigar' de esta forma a los empresarios. La reforma ahora aplazada incluía la mejora del actual sistema de deducciones para I+D y la rebaja del tipo del impuesto del 35% al 33%, con un coste de 200.000 millones.

Rodrigo Rato ratificó anoche, en un acto electoral celebrado en Bilbao, la decisión. 'No debemos sacrificar los objetivos del Gobierno', subrayó. El secretario de economía del PSOE calificaba de 'broma de mal gusto' la estrategia 'de admoniciones morales más amenazas contra los empresarios que se porten mal'. Sevilla, que acusó al Gobierno de 'nerviosismo fiscal', añadió que lo que debe hacer el Ejecutivo es sentar las bases de competencia y liberalización de mercados que conlleve una reducción de precios.

El principal partido de la oposición criticaba así la decisión del vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, de aplazar la reforma del impuesto de sociedades hasta que la inflación esté bajo control. Rato está molesto con algunos sectores, como el turístico, por las subidas de precios, a los que responsables de su departamento han amenazado en varias ocasiones con no reducirles impuestos si no contribuían a moderar la inflación. Ayer, el Instituto Nacional Estadística difundió que los precios de los hoteles han subido 7,8% en marzo respecto del mismo mes del año anterior.

La CEOE no hizo un pronunciamiento oficial, pero en fuentes de la patronal, la decisión de Rato, esperada, fue acogida con cierta frialdad, aunque no ven una afrenta en el retraso. 'Ellos se lo guisan y ellos se lo comen', señalan dichas fuentes. El Instituto de la Empresa Familiar (IEF), que agrupa a 106 grandes empresas, señaló que 'la reforma debería entrar en vigor el año que viene'.

Entre los asesores fiscales consultados se apunta que 'se habían generado expectativas', dice Eduardo Sanfrutos, socio de Ernst & Young Abogados, y por ello 'es una pena' el retraso de la reforma. Samfrutos destaca que el impuesto español, pese a haber quedado 'algo desfasado' en los tipos, es 'de los más avanzados de Europa' en cuanto a la internacionalización de las empresas.

La reforma que se preparaba incluia una rebaja del tipo general del impuesto desde el 35% actual hasta el 33%, con un coste para Hacienda cercano a los 200.000 millones de pesetas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sólo había avanzado que el impuesto no estaría en la cesta de tributos que se cederá a las comunidades autónomas a partir de 2002, y que se estudiaba una rebaja del tipo general, además de una redefinición de las deducciones. Las principales peticiones empresariales eran éstas:

Inversión en I+D. El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) pide a Hacienda que amplíe la deducción por las inversiones en I+D hechas en el extranjero -hoy, del 25%-. También plantea dar libertad de amortización para todos los bienes afectos al I+D, que hoy se amortizan en 10 años. Así, se podría cargar como gasto toda la inversión en I+D para absorberla en dos años a costa de reducir los beneficios.

Rebaja del tipo general. La CEOE, la Asociación Española de Asesores Fiscales y el Registro de Economistas Auditores (REAC), que agrupa a 4.000 profesionales, proponen bajar del 35% al 30% el gravamen a los beneficios.

Transparencia fiscal. El IEF propone que las empresas tributen al 40%, en vez de hacerlo a los tipos que tienen sus socios en el IRPF, normalmente el más alto (48%). 'Se evitaría tener que crear estructuras societarias, porque no hay un caso igual en Europa', dice Fernando Casado, director del IEF.

Pequeñas empresas. La Asociación de Asesores Fiscales, que preside Antonio Durán, reclama que las empresas que ganen menos de 15 millones tributen al 25% en vez del tipo general del 35%. También plantean que se graven al 25% 'los beneficios superiores a 15 millones de pesetas' que no se hayan distribuido. El REAC, presidido por Valentí Pich, pide que las empresas de dimensión reducida tributen al 25% por los primeros 25 millones de beneficio. Hoy tributan al 30% por los primeros 15 millones.

Inversiones en el exterior. Las empresas familiares piden que la deducción de los primeros 5.000 millones invertidos en el extranjero sea compatible con la que se aplica a las actividades exportadoras. El REAC propone que las inversiones al comprar participaciones de sociedades extranjeras 'que permitan lograr la mayoría de los derechos de voto' tengan una deducción de hasta el 15%.

Plusvalías. La patronal plantea que las plusvalías obtenidas a más de un año de plazo tengan una deducción del 25%.

Deducción por contratar. Los asesores fiscales proponen una deducción del 15% del coste del personal contratado a cambio de que las empresas se comprometan a mantener sus plantillas un mínimo de dos años.