Pregunta: ¿No cree usted que la polémica sentencia de la Audiencia Nacional, que anuló la congelación salarial de los funcionarios de 1997, obliga al Gobierno a variar su propuesta salarial con los empleados públicos?

Respuesta: Sí, indudablemente. Yo creo que la negociación colectiva en la Función Pública debe ir más allá, trascender a la mera discusión de porcentajes salariales, pero teniendo en cuenta que es el Parlamento el que aprueba la ley de presupuestos; es decir, lo contrario de lo que dice el fallo de la Audiencia Nacional.

P.: Este año se alcanzará el equilibrio presupuestario, con lo que quizás el Gobierno ya no tendrá justificaciones para frenar la subida salarial de los funcionarios por encima del IPC.

R.: Siempre habrá diferencias entre la política retributiva de las administraciones y del sector privado. Las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos son una parte muy importante de la política económica del Gobierno y, por tanto, están condicionadas a ella.

Aún así, quiero decir una cosa. La sociedad tiene una deuda muy importante con los funcionarios que, en momentos de dificultades económicas, soportaron sacrificios salariales.

P.: ¿Pueden convertirse los planes de pensiones y la retribución variable en una alternativa a los tradicionales planteamientos salariales en la Función Pública?

R.: Estamos estudiando estas fórmulas de incrementos salariales que no sean inflacionarias y que nos permitan salvaguardar el equilibrio presupuestario. Siempre y cuando sea con el acuerdo de los sindicatos de la Función Pública.

P.: ¿Se puede decir que el Gobierno está estudiando hacer estas propuestas a los sindicatos para los presupuestos del próximo año?

R.: Estamos teniendo reuniones discretas con los sindicatos para dar un impulso a esta negociación. Si hubiera acuerdos con las centrales podríamos aplicar estas fórmulas el año que viene. Quiero que quede muy claro que el Gobierno no busca imponer nada.

P.: ¿Ha calculado el Ejecutivo qué parte del incremento salarial de los funcionarios puede ir al plan de pensiones?

R.: No, todavía no. Estamos viendo cómo se pueden trasladar los incrementos salariales que pueda haber a planes de pensiones.

P.: ¿Qué acogida ha habido desde la oposición y las comunidades autónomas al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno?

R.: Las reacciones han sido optimistas y se ha partido de un buen punto en las negociaciones.Por ejemplo, hay coincidencias claras en la cesta de impuestos. La base es que el nuevo modelo sea en cierto modo continuista, por lo que tampoco debe haber grandes saltos.

P.: ¿Qué puede ocurrir con algunos planteamientos como el de la ruptura de la Agencia Tributaria solicitado por CiU?

R.: Yo creo que la unidad de gestión es básica. Es algo que hemos puesto encima de la mesa y aunque CiU tenía una posición distinta sabe que no vamos a ceder. No va a haber ruptura de la Agencia Tributaria para crear varias autonómicas.

Otra cosa es que estudiemos, y a mi eso no me parece mal, la participación de las comunidades en los resultados de la Agencia; que tengan una mayor presencia en los consejos para decidir los planes de la Agencia.

Otros planteamientos, como la fórmula de reparto del IRPF, son puntos de carácter totalmente técnico; asuntos sobre los cuales yo creo que ningún partido ni el Gobierno deben poner un énfasis político que no tiene. Vamos a ponernos de acuerdo en lo importante.

P.: ¿Se puede calificar de federalismo fiscal el nuevo modelo de financiación autonómica?

R.: Poner nombres a las cosas es peligroso. Puede haber connotaciones en otras áreas. Para mi el nombre no es tan importante. Tenemos el Estado de las autonomías con un modelo de financiación. En algunos puntos estríctamente fiscales se puede hablar de federalismo pero no quiero entrar en estos términos.

P.: ¿Qué objetivos tiene la ley de cooperación autonómica?

R.: La ley no va a aumentar ninguna obligación de colaborar. La cooperación es un deber consitucional. Esta ley servirá para usar las comisiones bilaterales entre las comunidades y el Estado, e impulsar las conferencias sectoriales para que haya un funcionamiento adecuado de las mismas, con posibilidades de acuerdos entre las comunidades, o sobre su representación en la Unión Europea. La ley no redefinirá las competencias de las comunidades ni nada parecido; eso está en la Constitución.

P.: ¿Entrarán en el nuevo modelo de financiación autonómica los traspasos de competencias pendientes?

R.: El Gobierno quiere que los medios materiales y humanos que se incluyan en las transferencias de Justicia, las políticas activas de empleo y la sanidad se tengan en cuenta en el cálculo de la financiación autonómica. De todas formas, se trata de un tema abierto, pero que puede tener ventajas indudables.

Por ejemplo, subiendo la participación en impuestos indirectos a las comunidades que opten por asumir estos traspasos de competencias, reconociendo que puede ser más complejo el traspaso en el caso de las comunidades uniprovinciales.

En esta línea, se podría llegar a plantear un modelo de doble velocidad para asumir las competencias restantes. Eso sí, únicamente de forma transitoria, y que podría afectar a 2002 y a 2003. La idea es zanjar los traspasos lo antes posible y, a poder ser, a lo largo de 2002.

P.: ¿Las ecotasas y el resto de impuestos surgidos en las autonomías recientemente pueden hacer peligrar el modelo de financiación?

R.: No creo. A mí, como miembro del PP, me puede no gustar un impuesto como la ecotasa, pero como ministro de Administraciones lo que haré es estudiarlo a fondo y si, después de hablar con Hacienda, veo que técnicamente no es viable, lo recurriré.

Eso sí, si estos impuestos sobreviven a los recursos que se han puesto o a los que se puedan poner, se deberán tener en cuenta en el cálculo de la financiación, puesto que son un esfuerzo sobrevenido al normal de la cesión de los otros tributos. Además hay otros impuestos autonómicos que no han sido recurridos por la Administración central que también se deben evaluar.

P.: ¿Qué líneas básicas seguirá el futuro diseño de la financiación local?

R.: Tenemos que discutirlo en el 2002, pero en mí opinión debemos decidir este mismo año las grandes líneas, como, por ejemplo, su importe total o la posibilidad de una cesta de impuestos.

El Gobierno quiere que las comunidades hagan voluntariamente, porque no se va a imponer a nadie, transferencias o cesiones de competencias que consideramos que deben estar en manos de los ayuntamientos. Estos traspasos se deberían respaldar con financiación de las propias comunidades, como ellas las recibieron en su día del Estado.

P.: El PSOE exige saldar lo que denomina la deuda histórica de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. ¿Bloqueará el Ejecutivo este punto en las negociaciones?

R.: Este es un tema importante. Lo han dicho estas comunidades autónomas y el PSOE; nosotros también lo creemos así. Se puede resolver en la negociación. Nadie ha puesto condiciones para empezar a hablar. Todos sabemos que es obvio que este es un problema que hay que resolver y nos sentaremos a tratarlo gracias precisamente a que no se ha puesto como condición para empezar el diálogo. No será un obstáculo infranqueable.