Las empresas españolas siguen incluyendo entre sus
quejas la brecha fiscal. Este dato, que representa el porcentaje del
salario que no llega a las manos del empleado y que queda en la
Administración, es proporcionalmente superior para los trabajadores
que cobran anualmente entre cuatro y seis millones brutos que para
los que llegan hasta los quince millones. Esta carga de impuestos y
cotizaciones, que llega hasta el 44% de los costes totales de la
empresa por trabajador, tiene una fuerte repercusión en el
empleo. |
La presión fiscal que soportan los puestos de
trabajo sigue siendo una de las preocupaciones de las empresas. La
radiografía española de este dato, que recoge la parte de todos los
pagos que desembolsa una compañía por cada trabajador y que no
acaban en manos del empleado sino que sirven para pagar las
cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF,
refleja que los sueldos entre 4 y 6 millones de pesetas están
proporcionalmente más castigados que los salarios comprendidos entre
7 y 14 ó entre 1 y 3. El colectivo agrupado entre 4 y 6 millones de
renta anual reúne al 6,7% de los declarantes totales, mientras que
todo el espectro recogido entre 7 y 14 se sitúa en menos de la
mitad: el 3%. La horquilla entre 4 y 6 millones, de hecho, recoge a
gran parte de los nuevos profesionales que contratan las empresas
para labores técnicas y trabajos cualificados.
Los
porcentajes pagados por las empresas en cada tramo de sueldo y para
cada empleado calculados para contribuyentes sin hijos varían de
forma notable. Por ejemplo, en el caso de un trabajador que cobre
cinco millones brutos de pesetas en 2001, por cada 100 pesetas que
pague este año la empresa, sólo llegarán a manos del empleado 56,53.
Este mismo cálculo realizado sobre un trabajador de diez millones
brutos, sin embargo, se eleva a 58,2 pesetas, con lo que el
trabajador percibe un mayor porcentaje de lo que desembolsa su
compañía.
Elevados costes
laborales La conclusión de esta realidad es que para que
un empleado cobre realmente el sueldo de los cinco millones en
salario neto, la empresa debe elevar su esfuerzo económico hasta
nueve millones de pesetas al año; para pagar nueve millones reales,
el coste de la empresa sube hasta 16 millones.
La brecha
fiscal, sin embargo, ha experimentado una evolución positiva en los
últimos años y se ha desplazado respecto a la imagen que mostraba
antes de la reforma de la ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF). Hasta 1998, los tramos más castigados se
situaban en zonas más bajas de sueldo y se centraban en los salarios
entre tres y cinco millones, grupo de trabajadores aún más numeroso
que el de 4 a 6 millones y que recoge a más del 11% de los
declarantes totales del IRPF.
Este movimiento ha supuesto,
en consecuencia, una buena noticia para las escalas de salario más
bajas, principalmente hasta los cuatro millones de pesetas brutas
anuales, donde se congregan el 89% de los contribuyentes del
impuesto de la renta y que, además, alimenta de forma absolutamente
predominante los sectores que demandan mano de obra de forma masiva
y menos cualificada. En esta situación, por ejemplo, se encuentran
gran parte de las cadenas de montaje y, con ello, la mayoría de los
empleados de grandes fábricas. Para un trabajador de 2 millones, la
brecha se sitúa en 2001 en el 36% y, para uno de 3 millones, el
importe que no llega al empleado queda en el 39%.
Sin
embargo, el traslado de la brecha hacia la situación actual se puede
convertir en un obstáculo a otro perfil de profesionales
completamente distintos. Las Cámaras de Comercio destacan que en
este grupo se encuentran los trabajadores cualificados con cerca de
dos años de experiencia y capaces de adaptarse sin dificultades a la
Nueva Economía. Las cámaras subrayan que este tipo de profesionales
son uno de los más importantes a la hora de crear nuevos negocios y,
por lo tanto, de abordar la función de los emprendedores en la
economía española.
Los responsables de las cámaras no dudan
en destacar que el freno fiscal resulta muy gravoso en esta franja y
reclaman al Gobierno una flexibilización del peso tributario en esta
banda como condición para el relanzamiento definitivo de las pymes,
tal y como se ha comprometido el Gobierno a regular a través del
futuro estatuto de la micropyme. |