CINCO DÍAS
         Lunes 29 de enero de 2001




















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Opinión

EDITORIAL
Información confidencial

La maldición del dicho popular es que en cada familia hay una oveja negra. Desgraciadamente, a lo largo de su larga existencia, la Hacienda pública española no ha podido sustraerse a esa condena. Con desprecio a las normas y a la deontología, pero protegidos por el descontrol en algunos servicios, varios inspectores fiscales han entrado en expedientes a los que no debían tener acceso para usar la información con fines personales. Grandes contribuyentes, personas físicas y jurídicas eran el objetivo. Es lo que se revela en un informe de los servicios de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria. A lo largo de años, funcionarios de la Unidad de Estudios Económicos, ahora integrada en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), se dedicaron a acceder de manera sistemática a las bases de datos para buscar información sobre determinadas empresas y empresarios. Lo hacían a pesar de las reiteradas prohibiciones que recibieron de sus superiores, tanto de forma oral como escrita.

Los años de actividad irregular de esta unidad coinciden con los más turbulentos de la Agencia Tributaria (1996-1998), con los tiempos de las visitas nocturnas a su oficina del ex director general de la Agencia Tributaria, Jesús Bermejo, y del posterior cese de su sucesor, José Aurelio García Martín. También fue la época en la que florecieron los dossieres con información confidencial con los que algunos personajes de triste recuerdo intentaron chantajear a empresarios españoles como Juan Abelló, Emilio Ybarra o Jesús de Polanco.

La propia investigación interna de la Agencia Tributaria habla de "acceso irregular" a los datos. Y esa misma auditoría refleja algo mucho más grave, que se ha "perdido parte del archivo" de la Unidad de Estudios Económicos. Un hecho que, de acuerdo con el informe que tienen a su disposición las autoridades de Hacienda desde 1999, supone un factor de riesgo de la posible existencia de informes y dossieres sobre determinados contribuyentes. En 1977, cuando se hicieron públicos algunos chantajes a personajes públicos, Hacienda se negó a reconocer estos gravísimos hechos, parte de ellos reflejada en un primer informe elaborado entonces. Las autoridades negaron su existencia. La auditoría finalizada dos años después detalla los expedientes fiscales consultados y, en ocasiones, expoliados por quienes no tenían esa inspección a su cargo. Figuran también los nombres de quienes cometieron irregularidades y, al parecer, delitos. Ahora toca explicar qué medidas se han tomado sobre los responsables de esas fugas y qué medios se han puesto para evitar que hechos como éstos puedan repetirse. Hacienda está obligada a garantizar la custodia y la confidencialidad de los datos de los contribuyentes. La Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente (1/1998 de 26 de febrero), más conocida como Estatuto del Contribuyente, no ofrece dudas. En su artículo 18 establece el carácter reservado de la información obtenida por la Administración tributaria y el acceso a los archivos y registros administrativos. Por supuesto, el Estatuto considera que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria tienen carácter reservado. También reconoce esta debida confidencialidad la Ley General Tributaria (230/1963 de 28 de diciembre), que en su artículo 113 establece la reserva de los datos tributarios, que sólo podrán ser utilizados para la gestión de los propios impuestos.

Hacienda somos todos, y todos los contribuyentes tenemos derecho a la garantía de confidencialidad que la ley impone. La Agencia Tributaria debe implantar controles efectivos sobre los expedientes y sobre los funcionarios. También debe restablecer la confianza perdida si lo que espera es obtener la colaboración ciudadana sin la cual ningún sistema fiscal moderno puede aspirar a ser eficaz. Hasta ahora, en una auditoría interna y reservada, la propia Hacienda reconoce que no ha sido capaz de proteger los datos que los contribuyentes están obligados a dar. Para exigir, es necesario contar con la confianza de los ciudadanos.

Publicado en página 16

DOCUMENTACIÓN 

 
Noticias:
(29/01/2001)
Hacienda reconoce la sustracción de informes de grandes contribuyentes

(26/01/2001)
Hacienda debe informar al contribuyente antes de pedir sus datos bancarios

(14/06/2000)
El Supremo justifica el requerimiento de datos personales para el IRPF

(31/12/1998)
Las empresas, obligadas al secreto de los datos para la retención del IRPF

(14/01/2000)
El cuerpo de subinspectores lleva a Hacienda a los tribunales

(03/08/1999)
Hacienda pone en manos de Anticorrupción las irregularidades en su delegación de Cataluña

(09/06/1999)
Los Subinspectores de Hacienda denunciarán a la dirección de la Agencia Tributaria por prevaricación

(04/06/1999)
La Asociación de Subinspectores de Hacienda decide secundar la huelga convocada para el día 21

(19/04/1999)
Hacienda permite a los subinspectores firmar actas hasta 300 millones de ingresos

(19/03/1999)
Los subinspectores denuncian indicios de prevaricación en los complementos por productividad

(02/02/1999)
Los subinspectores de Hacienda denuncian que los resultados de 1998 "están inflados"

(17/02/1999)
Los Subinspectores de Tributos califican de decepcionantes los objetivos de inspección de 1999

(29/01/1999)
Los Subinspectores de Hacienda piden un arbitraje en su conflicto y la investigación de las Cortes

(27/01/1999)
La Agencia Tributaria reforma la subinspección

 

 


 


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