Arantxa Corella,
Violeta Mazo. Madrid.
Un informe elaborado por el Servicio de Auditoría Interna de la Agencia
Tributaria, y fechado en noviembre de 1999 concluye que parte del archivo de la
Unidad de Estudios Económicos Sectoriales y Asistencia Técnica (UEES) ha
desaparecido. El documento desvela que varios funcionarios adscritos a esta
unidad realizaron accesos indebidos a información fiscal sobre empresas y
empresarios relevantes de la sociedad española.
El servicio de auditoría interna de la Agencia Tributaria asegura en el informe que
estos hechos suponen un "factor de riesgo a la posible existencia de informes con
datos individualizados sobre determinados contribuyentes debido al descontrol que
esta situación supone".
Según se explica en el documento, encargado por el director general de la
Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, las actividades de la Unidad de Estudios
Económicos Sectoriales y Asistencia Técnica (UEES) "no estuvieron sometidas a control
suficiente por parte de sus superiores jerárquicos".
Señala, además, que los accesos realizados por determinados miembros de la Unidad,
"en especial por cinco de ellos (aunque en mayor grado por dos), ponen en evidencia
una situación de riesgo".
El informe se refiere a que los funcionarios "centraban su atención" en determinados
expedientes, "soliendo coincidir con los de personalidades más relevantes".
Entre esos expedientes se encuentran el de Juan Abelló, presidente de Airtel,
el Grupo Prisa y su presidente, Jesús de Polanco, las empresas del grupo familiar
Serratosa, el bufete Cuatrecasas, Arturo Baldasano, en aquel entonces presidente de
Telefónica Media y actual presidente del Consejo de Audiovisual Sport, y Emilio
Ybarra, copresidente del BBVA.
Accesos irregulares
Según se revela en el documento, la investigación de los servicios de auditoría
interna se realizó a instancias del director de la Agencia Tributaria ante "el posible
acceso irregular a datos tributarios sobre determinados contribuyentes que pudiesen
haber derivado en la existencia de informes o dossieres".
Aunque algunos de los accesos entraban en la rutina de trabajo de los funcionarios,
el informe no deja lugar a dudas cuando destaca que los "accesos masivos y no
justificados" ponían en evidencia el descontrol existente sobre algunos expedientes.
Los servicios de auditoría interna entienden que esta información obtenida sin
justificación "puede haber sido utilizada con fines ajenos a los propios derivados del
expediente por el que fue accedida".
El documento reconoce que ya en 1997 los miembros de la unidad recibieron
instrucciones orientadas a que se abstuviesen de entrar en la base de datos para
obtener información sobre fusiones de empresas y se limitasen a recoger documentación
y enviarla a las unidades competentes. Sin embargo, los accesos siguieron produciéndose.
No debía de ser un secreto para nadie, ya que la auditoría expone que en febrero de
1997 el jefe de la UEES recordó que constituiría falta grave "los accesos indebidos
a las bases de datos".
Los funcionarios investigados estaban adscritos a la Unidad de Estudios Económicos
Sectoriales y Asistencia Técnica, que perteneció hasta mayo de 1999 a la Subdirección
General de Información y Estrategia Operativa del Departamento de Inspección Financiera
y Tributaria, y que se integró a partir de 1999 en la Oficina Nacional de Investigación
del Fraude (ONIF).
Entre los cometidos de la UEES no estaba acceder a información individual sobre
contribuyentes concretos. Y por si cupiera alguna duda, el informe detalla que a
principios de 1998 se insistió a los componentes de esta unidad con "la orden verbal
de que no debían acceder a información individual sobre contribuyentes concretos".
La orden verbal parecía necesaria, dado que durante el periodo 1996-97, los accesos
a datos individuales de contribuyentes fueron "muy numerosos". Según señala el
informe, a partir de la emisión de esa orden, "decrece el número de accesos,
habiéndose contabilizado un total de 684, es decir, el 5% de los efectuados en
el periodo anterior. Realmente puede decirse que sólo acceden cinco usuarios".
El documento también refleja que con la llegada en 1997 del nuevo subdirector
general de información, Manuel Trigo, "se produce un cambio en la orientación
de los estudios económicos y se recibieron instrucciones de que se abandonasen
aspectos como la recogida y tratamiento de información fiscal sobre los
contribuyentes más relevantes, para centrarse en cuestiones técnicas generales".
La orden fue acatada por la mayor parte de los funcionarios, aunque algunos
continuaron realizando accesos indebidos. Según el informe, determinadas
terminales fueron utilizadas durante el periodo estudiado hasta por 10 personas
diferentes... El informe ofrece la siguiente explicación: "Este empleo de una
diversidad de diferentes terminales por un único código de usuario pudiera
inducir a pensar que existen préstamos de códigos y de palabras clave entre
los usuarios de la UEES para acceder a las bases de datos durante el periodo del
estudio".
Una historia de robos de datos destinados a la extorsión
En mayo de 1999, la Unidad de Estudios Económicos se integra en la Oficina
Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Es el comienzo del fin de una etapa en
la que dicha unidad era utilizada por un grupo de funcionarios que elaboraban
informes para extorsionar a personalidades del mundo empresarial.
Un mes después, en junio de 1999, Mariano Navarro Rubio, inspector de finanzas de
dudosa reputación adscrito a esta unidad, es detenido en el curso de investigaciones
policiales dirigidas a averiguar quién estaba detrás del intento de extorsión
denunciado por Juan Abelló. Todo apuntaba hacia el interior de Hacienda, en concreto,
a esta unidad de estudios.
Según informó en julio de 1999 el diario El País, no sólo Abelló resultó afectado.
En 1997, Jesús de Polanco recibió la visita del hijo de José María Ruiz Mateos, ex
presidente de Rumasa. Su objetivo era sacar a la luz un dossier fiscal salvo que se
llegara a un "acuerdo económico".
A raíz de las actuaciones judiciales para buscar a los responsables de la extorsión,
Hacienda expedientó a funcionarios de esta unidad de estudios. Su resultado aún no
se ha hecho público. Pero la información captada ya estaba fuera de control. El
acceso incontrolado a las bases de datos fiscales era algo conocido por Hacienda
desde 1997.
Ese año se elaboró un informe, al que tuvo acceso el diario El País. Pero Hacienda
nunca reconoció su existencia. El informe de 1999 de la auditoría interna confirma
las sospechas.
Los años de mayor actividad irregular de esta unidad (1996-1998) son años de
turbulencias en la Agencia Tributaria. En 1997, Juan Costa, entonces secretario
de Estado de Hacienda, anuncia la pérdida de 200.000 millones por deudas prescritas.
El escándalo se saldó con el cese en julio de 1997 de Jesús Bermejo, director de
la Agencia Tributaria, de quien se confirmó que visitaba de noche su oficina. En
la actualidad, dirige la ONIF. Le sucedió José Aurelio García Martín, quien
anunció: "La Agencia ha declarado la guerra al fraude fiscal". En los años de
Bermejo y Martín, la unidad de estudios registró el mayor número de accesos
indebidos. En 1998 es destituido y le sucede Ignacio Ruiz Jarabo, aún en el cargo.
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