R. Esteller - Madrid .-

La Agencia Tributaria señala en un comunicado que, al tener integrado en su funcionamiento desde hace años un sistema de dirección por objetivos, cuyo seguimiento es permanente y público, «utiliza el complemento de productividad en orden a retribuir y estimular conductas profesionales que hagan posible, tanto en el ambito de la asistencia al contribuyente como el control tributario, cumplir con los fines que, en términos cuantitativos y cualitativos, la sociedad tiene encomendada a esta institución».
    La institución cifra en 3.000 millones de pesetas el reparto entre los altos cargos de dicho organismo del complemento de productividad, ya que explicó en un comunicado que remitió a LA RAZÓN que la cifra distribuida entre este personal no alcanzó al 50 por ciento de la indicada por los sindicatos.
    Por contra, los agentes sociales consultados por LA RAZÓN mantuvieron ayer que la cifra distribuida por Hacienda era superior e insistieron en la ilegalidad de este reparto. Tanto el sindicato Unión Nacional de Funcionarios de Gestión de Hacienda como la Asociación de Subinspectores de Tributos aseguraron que van a presentar una denuncia ante los tribunales que ya está estudiando un prestigioso abogado del que quisieron mantener el anonimato. Los sindicatos lamentaron el no tener acceso a la asignación de créditos de productividad en la Agencia Tributaria. No obstante, este organismo explicó que dicho acuerdo es de «orden interno» y que, por lo tanto, Gestha y la Asociación de Subinspectores de tributos no tienen acceso a la resolución.
    Fuentes de Hacienda indicaron que mes a mes el complemento de productividad se publica en los tablones de cada delegación por lo que es posible saber cuanto dinero reciben los altos cargos de la agencia tributaria.
    Del mismo modo, en el texto remitido por la administración se explica que «no hay constancia en la Agencia Tributaria de ninguna petición oficial de información sobre este tema de la diputada doña Arantxa Mendizábal». En poder de LA RAZÓN obra una copia de la petición de información que se presentó en el Congreso el 30 de diciembre de 1999 sobre este asunto, al que fuera entonces secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, pero que podría no haberse respondido al cambiar la legislatura, ya que las cámaras se disuelven 40 días antes de las elecciones y las peticiones decaen.
    La Agencia Tributaria aseguró también que es «falso» que la resolución 4/99, «no este firmada», en contra de lo que un portavoz oficial del Ministerio de Hacienda aseguró la pasada semana a este periódico. La Agencia Tributaria explicó que la justificación de estos pagos es escrupulosa, respetándose «todos los requisitos legales y procedimentales, tanto en cuanto a la adopción de los correspondientes acuerdos por los órganos que tienen atribuida la competencia, como en lo que hace referencia a su publicidad.