EL PEZ GRANDE

 

La Agencia Tributaria

Manuel Martín Ferrand

(La Estrella Digital. Opinión)

Si evitamos todo tipo de rodeos y hablamos por lo claro, como nos aconsejaba Gonzalo de Berceo para inaugurar el castellano, podríamos decir que la única razón que justificó la creación de la Agencia Tributaria fue, en días felipistas, separarla del tronco administrativo de Hacienda y, de esa manera, disponer de un mecanismo de menor control para poder "incentivar" a los funcionarios destinados a ella. Mas por lo directo: la Agencia Tributaria fue creada para que el Ministerio de Hacienda pudiera burlar el Presupuesto en lo relativo a la retribución de una casta funcionarial.

Pasado el tiempo, y tras una legislatura y pico de poder del PP, las cosas siguen como fueron porque, seguramente, existe una válvula en el cuerpo que impide el retroceso de cualquier avance que, aunque sea en perjuicio de la ciudadanía, conforte a los únicos empleados propietarios de su puesto de trabajo, los funcionarios públicos.

El diario La Razón publicaba ayer la pintoresca noticia según la cual la Agencia Tributaria repartió, durante el ejercicio del 99, seis mil millones de pesetas entre sus altos cargos. El concepto manejado es el de "productividad". Podrían, al menos, tener la delicadeza de utilizar otra terminología menos ofensiva para los ciudadanos-objeto del trabajo de la Agencia. Dedicación, entusiasmo o esmero son palabras que bien podrían sustituir a productividad y no conllevan inquietantes matices añadidos. ¿Puede hablarse de la productividad de un vampiro que le chupa más sangre a sus víctimas?

Los viejos estudiantes de bachillerato aprendíamos muchas de las cosas que aún recordamos con sencillos poemitas que fijaban las ideas en la cabeza. Por ejemplo:
"Son insolubles en agua casi todos los sulfitos, menos bario, estroncio, calcio, magnesio y los alcalinos".

Me gustaría imaginar algo tan sencillo de memorizar para inocular en el cerebro de los dos millones –largos– de funcionarios españoles la idea de que ellos, mejor o peor pagados, pero con absoluta garantía de continuidad en el empleo, son nuestros servidores y no nuestros parásitos. No iré yo tan lejos como el sindicato Gestha, que prepara una denuncia por lo penal –malversación de fondos públicos– contra la Agencia Tributaria al hilo de la irregularidad que aquí se señala. En el fondo, los mil ochocientos funcionarios que forman parte del Grupo A de la Agencia –los beneficiados con los 6.000 millones del reparto– son personas. La responsabilidad no está en ellos, ni siquiera en el director de la Agencia, Ignacio Ruiz Jarabo, sino en el ministro del ramo que diseñó la monstruosidad y en los que, después, la han perpetuado anteponiendo, en el mejor de los casos, el carro del Estado a los intereses y derechos del buey de los ciudadanos.

Rodrigo Rato, como vicepresidente del área económica del Gobierno, y Cristóbal Montoro, como ministro de la especialidad, son personas que, antes de subir al pedestal de sus cargos, han defendido los derechos de los ciudadanos desde una posición liberal. La Agencia Tributaria atenta contra esos principios y bueno sería, desde la aspiración del rigor recaudatorio, reconducir una situación injusta y que, aunque heredada, ellos están validando después de cinco años de uso. No hay una sola razón sólida que justifique la vigencia de semejante engendro administrativo.

 


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