 |
Opinión
EDITORIAL
Más delitos contra Hacienda
La Fiscalía General del Estado ha hecho pública su memoria anual coincidiendo, como es
costumbre, con la apertura del año judicial. La memoria incluye una serie de datos sobre
los que merece la pena reflexionar. Durante 1999, al igual que en ejercicios anteriores,
la delincuencia económica ha continuado en ritmo ascendente. El 64% del total de los
delitos registrados durante ese año ha sido de carácter económico. Los delitos societarios
aumentaron un 87% respecto al año anterior, y se incrementaron igualmente las causas por
blanqueo de capitales. También creció el número de delitos fiscales. Los tribunales incoaron
el pasado año 226 procedimientos por delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad
Social. Esta cifra, que representa un crecimiento del 12%, contrasta con la de 1998, cuando
las causas abiertas disminuyeron un 33%.
El creciente número de delitos contra la Hacienda pública es especialmente inquietante.
Y más al considerar que se ha producido durante el primer año de funcionamiento de una
reforma fiscal con la que el Gobierno pretende hacer más eficiente la gestión de los
impuestos y la investigación de los actos tributarios ilegales. Es cierto que la clara
disminución de las causas instruidas por este tipo de delitos el año anterior se debió en
parte -y en un porcentaje muy difícil de cuantificar- a las huelgas de celo protagonizadas
por los subinspectores de Hacienda, que intentaron hacer valer sus reivindicaciones
profesionales poniendo contra las cuerdas al ministerio (la mayoría de los fraudes que son
investigados por la Fiscalía provienen de comunicaciones de la Agencia Tributaria). Pero
resulta igualmente cierto que uno de los principales indicadores de un Estado moderno y
eficiente es el bajo índice de delincuencia fiscal, y que toda reforma tributaria que no
vaya acompañada de una reducción en el número de delitos, al final no habrá cumplido sus
objetivos.
Hacienda se enfrenta al reto de conseguir un impuesto más sencillo y cercano a los
contribuyentes, sin dejar por ello de velar por el estricto cumplimiento de las normas.
Los ciudadanos exigen una inspección capaz de detectar, corregir y sancionar las conductas
delictivas, incluidas las nuevas formas de delincuencia relacionadas con las nuevas
tecnologías. El proceso de modernización emprendido en los últimos años por la Agencia
Tributaria, a la que se ha dotado de más medios para luchar contra el fraude, debería
manifestarse en la reducción de este tipo de delitos. Bien está que los contribuyentes
disfruten de la posibilidad de realizar sus declaraciones por vía telemática, que reciban
mejor atención y dispongan de un trato más personalizado, pero si la Administración no pone
todo su empeño en erradicar los niveles de fraude tributario, el esfuerzo habrá resultado
baldío.
Que Hacienda somos todos es un eslogan incontestable, pero también lo es que el fraude
es patrimonio de unos pocos. Contra ellos, y con todos los medios de que dispone ahora,
debe proceder más que nunca la acción de quienes están al servicio de la Agencia
Tributaria.
Publicado en página 16 |
|
|
.gif)
