La Asociación de
Subinspectores lleva a los tribunales a la Agencia
Tributaria
- Reprocha a la Administración que les prive de las
responsabilidades de inspección y de sueldo
La Estrella
 Madrid (14-1-2000)
El conflicto que enfrenta a los subinspectores de
Hacienda con la Agencia Tributaria desde hace cinco años, ha llegado
a los tribunales. La Asociación de Subinspectores pide la nulidad de
una resolución de 1999 que mengua sus competencias y reduce su
sueldo.
La Asociación de Subinspectores de Tributos ha presentado
ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 1 de
la Audicencia Nacional una demanda en la que solicita se declare la
nulidad de la resolución de Inspección aprobada por la Agencia
Tributaria el 16 de abril de 1999.
El motivo alegado es la existencia de "graves
irregularidades" en el procedimiento seguido para dictar esta
resolución. Los subinspectores acusan en su demanda al presidente de
la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, de haber dictado esta
resolución "prescindiendo de todas las garantías de procedimiento y
conculcando abiertamente lo dispuesto en la ley".
En concreto, se considera que la resolución contraviene lo
dispuesto en la disposición adicional 28 de la Ley 50/98 y que, en
opinión de los afectados, "ponía las bases" para solucionar el
conflicto que mantienen los subinspectores de tributos y la
dirección de la Agencia Tributaria.
La resolución sobre Atribución de Funciones en la Inspección
de Tributos posibilita a los subinspectores la firma de actas con un
límite de 300 millones de pesetas en el caso de empresarios y de 30
millones para profesionales. Esta facultad está condicionada al
visto bueno del jefe de unidad a la propuesta que le presente
previamente el subinspector. En el esquema retributivo de los
inspectores y subinspectores influye el número de actas firmadas y
de dinero aflorado para Hacienda.
En la demanda interpuesta por la asociación se explica que
el proyecto de resolución tampoco ha sido sometido al preceptivo
informe del Consejo de Estado y "distorsiona por completo" la ley al
confundir la atribución de la comprobación con la asignación de la
firma de las actas. Los subinspectores aseguran que con estos
cambios la Agencia Tributaria ha creado una "figura jurídica
imposible", que es la del 'Instructor Irresponsable', que consiste
en que al subinspector se le ordena realizar la inspección
(atribución de hecho) pero, a pesar de tomar todas las decisiones y
de firmar el acta, la Agencia declara mediante instrucciones
internas que no es responsable.
En opinión de la Asociación, esta doctrina "atenta
claramente contra los principios básicos de seguridad jurídica".
Esta situación repercute en los sueldos. Mientras un subinspector de
la Administración autónoma vasca tiene un sueldo superior a los 6,5
millones de pesetas, un subinspector de la Agencia no llega a cuatro
millones, y ambos disponen de las mismas competencias.

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