Economía - 5

• Los subinspectores denuncian ante el Defensor del Contribuyente irregularidades en el procedimiento inspector

La Estrella

Madrid (19-11-1999)

El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, afirmó ayer que la Agencia Tributaria aún no está en condiciones de dar por cerrada la investigación sobre casos de presuntas irregularidades en la inspección de empresas en Barcelona y que este proceso puede durar aún "semanas o meses". Mientras tanto, el conflicto en la Agencia Tributaria persiste. Ayer, la Asociación de Subinspectores de tributos presentó una queja formal ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente, en la que denuncia la "transgresión de derechos y garantías esenciales del procedimiento inspector".

"La Agencia Tributaria está haciendo lo que tiene que hacer, pero
se trata de una investigación larga y complicada", ha dicho Costa en Barcelona antes de clausurar unas jornadas organizadas por gestores y asesores fiscales.

Los servicios de investigación de la Agencia Tributaria llevan meses analizando las actuaciones en anteriores ejercicios de diversos inspectores y responsables del organismo en Cataluña. Fruto de estas investigaciones han sido las últimas actuaciones de la Agencia Tributaria, que ha decidido la suspensión de empleo y sueldo de los inspectores Manuel Abella, José Lucas y Roger Bergua, presuntamente relacionados con cobros irregulares del Grupo Torras y de Javier de la Rosa.

Las últimas informaciones periodísticas que afectan a Hacienda en Cataluña apuntan a que el jefe de unidad de inspección José Lucas Carrasco -también sancionado de empleo y sueldo- hizo inspecciones en el sector inmobiliario mientras mantenía una relación de negocio con el grupo Núñez y Navarro, cuestión sobre la que Costa ha declinado hacer declaraciones.

El Secretario de Estado ha dicho que desde finales de 1998 la Agencia Tributaria lleva investigando las actuaciones presuntamente irregularidades de "algún funcionario o un grupo de reducido de ellos" y que en todos los casos, si se han apreciado indicios de culpabilidad, la administración ha obrado en consecuencia.

No obstante, ha precisado que esas presuntas irregularidades "llevadas a cabo hace años, no deben empañar el trabajo de decenas de miles de funcionarios de la Agencia Tributaria que trabajan con rigor y profesionalidad".

Costa ha explicado que las investigaciones de la Agencia Tributaria se están llevando a cabo por personal de la administración de fuera de Cataluña "con el objetivo de garantizar la mayor independencia y rigurosidad" en el proceso.

"Ya se ha hecho un trabajo muy importante y se está colaborando con los organismos judiciales para aclarar este asunto", ha dicho Costa, quien no ha querido comentar más aspectos sobre la investigación que desarrolla la Administración al respecto.

Por otra parte, Juan Costa ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno para revisar el tratamiento fiscal de las opciones sobre acciones ("stock options") con las que algunas grandes empresas incentivan a sus directivos.

Costa ha declarado que estas medidas no perjudicarán los complementos salariales más extendidos, como las indemnizaciones por despidos o traslados, ya que sólo se centrarán sobre "las retribuciones muy elevadas o desproporcionadas".

En este sentido, ha explicado que la intención del Ejecutivo es que sólo puedan beneficiarse de la reducción del 30 por ciento en el IRPF las remuneraciones que no sobrepasen el salario medio anual, fijado en 2,5 millones de pesetas.

A partir de esta cantidad, ha explicado el máximo responsable de la Agencia Tributaria, cualquier complemento puede considerarse como una "retribución desproporcionada" y, en consecuencia, sujeta a tributación.

Los subinspectores vuelven a la carga

Mientras tanto, la Asociación de Subinspectores de tributos presentó ayer una queja formal ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente, en la que denuncia la "transgresión de derechos y garantías esenciales del procedimiento inspector", según informaron fuente de la asociación.

La queja presentada ante el Consejo denuncia la inexistencia del acuerdo-orden del inspector jefe, atribuyendo la comprobación e investigación al subinspector actuario y autorizándole a ser el instructor responsable del procedimiento.

Además, resalta el ocultamiento al contribuyente de la identidad del responsable del procedimiento, lo que hace imposible poder ejercer el derecho de recusación, y denuncia la "indebida exigencia" al contribuyente de que firme la llamada 'diligencia de visto bueno'.

Por ello, la asociación recomienda a los contribuyentes que expresen sus quejas ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente, "ya que éste es un importante órgano de control y atiende todas las reclamaciones".