G. S.-H.
MADRID.- Los subinspectores de Hacienda volvieron ayer
a la carga contra la Agencia Tributaria. Acusaron a ésta de prevaricación
y de falsedad en documento público y solicitaron públicamente una
audiencia con el fiscal general del Estado.
Asimismo, enviaron un escrito al Grupo Parlamentario
Popular, al Ministerio de Economía y al Consejo de Defensa del
Contribuyente.
El origen de este conflicto nace en noviembre de 1998,
cuando el Parlamento aprueba una medida según la cual los subinspectores
podrán, en caso de necesidad, hacer inspecciones tributarias y firmar
actas a empresas con deudas fiscales inferiores a los 300 millones de
pesetas y de menos de 30 millones para profesionales. Esta medida quedó
pendiente de desarrollo mediante una resolución de la propia Agencia
Tributaria.
La Asociación de Subinspectores Tributarios (AST) centran
su denuncia en esta resolución, de abril de 1999. Consideran que ésta se
salta la obligación de que toda ampliación de funciones, aun cuando sea
temporal, de los subinspectores, debe ser autorizada por escrito por
los inspectores jefes. En su lugar, añaden, los encargos están siendo
verbales y no por parte de éstos, sino de los jefes de unidad.
Además, la AST denuncia que esta nueva competencia no
lleva aparejada la asunción de responsabilidades. Es decir, más sueldo.
La Agencia Tributaria respondió que las cuestiones de
legalidad se dirimen en los tribunales, por lo que animó a la Asociación
de Subinspectores Tributarios a acudir a ellos. A este respecto, añadió
que el Tribunal Supremo acaba de advertir (en una sentencia de julio
de 1999) de que siempre dará primacía a los intereses de Hacienda frente
a los intereses «puramente corporativos, por muy legítimos que puedan
ser», de asociaciones como la de subinspectores.
