MADRID.- La Agencia Tributaria estrecha el cerco sobre los
funcionarios de Hacienda que incumplen la Ley de Incompatibilidades.
Recientemente, ha enviado una circular a sus delegaciones en la
que se recuerda a todo el personal (ya sea funcionario o laboral) el estricto
régimen de incompatibilidades que rige para ellos. Y, en concreto, se les
reitera la obligación legal que tienen de contribuir a la «moralización de la
vida pública», dando muestras de «ejemplaridad ante los ciudadanos».
La nota informativa de carácter interno se distribuyó en abril
y coincide en el tiempo con la afloración a la opinión pública de determinados
casos de presunto enriquecimiento ilícito por parte de algunos antiguos altos
cargos de Hacienda, como son José María Huguet, Ernesto de Aguiar, Alvaro Pernas
y José Ramón Morató, todos ellos de la delegación de Barcelona,
Igualmente, en Vigo continúa abierta la investigación judicial
sobre el patrimonio de José Antonio Gil del Campo, destituido el pasado 12 de
febrero como inspector jefe de Hacienda.
Pues bien, Gil del Campo, según la documentación que obra en
poder de EL MUNDO, ha percibido en los últimos cinco años 25,8 millones de
pesetas en concepto de clases impartidas en la Escuela de Negocios de Caixavigo,
según aparece en el escrito remitido por la propia entidad a los tribunales.
Gil del Campo, además, ha obtenido unos ingresos adicionales de
6.949.481 pesetas por los cursos impartidos en la Universidad de Vigo entre 1993
y 1998, y una cantidad no desvelada por su participación en seminarios del
Instituto de Estudios Fiscales, un organismo de carácter público.
En total, al menos, ha percibido unos ingresos extras de
32.749.481 pesetas, dinero que debe agregarse a un sueldo bruto anual de «entre
10 y 11 millones», según declaró ante el juzgado el pasado 1 de marzo. Gil del
Campo, a tenor de la nota remitida por Caixavigo, cobró nada menos que 33.415
pesetas por cada hora lectiva, lo que le convierte, sin duda, en uno de los
profesores mejor pagados de la Unión Europea.
Su caso no es, desde luego, el único. Un simple vistazo al
cuadro de profesores de cualquier centro universitario o de formación de
especialistas tributarios dibuja un retrato del poder fiscal en España.
Subdirectores generales, encargados de la inspección,
inspectores de a pie y hasta los responsables de redactar las leyes -que luego
aprueba el Parlamento- son habituales en los cursos que organizan centros como
la Universidad Pontificia de Comillas, el Centro de Estudios Financieros o la
Universidad San Pablo-CEU. Este último caso, por poner un ejemplo, representa
muy bien lo que está pasando. El director y coordinador del Master de Asesoría
Fiscal (MAF) del CEU es Fernando Peña, un conocido asesor fiscal madrileño que
fue presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales.
Pues bien, en el MAF del CEU dan clase el subdirector general
de inspección territorial, el coordinador de la Unidad de Fiscalidad
Internacional, la jefa de área provincial de inspección, varios subdirectores
generales más, algunos inspectores de la Oficina Nacional de Inspección (la
unidad encargada de vigilar las grandes empresas) y hasta un vocal adjunto del
gabinete técnico de Juan Costa, el secretario de Estado de Hacienda.
El nombre de todos estos funcionarios aparece en los programas
y folletos de la institución, y debajo de su identidad se precisa su cargo en la
Administración, lo que choca con el artículo 15 de la Ley de Incompatibilidades
de 1984, que establece que «el personal a que se refiere esta ley (todos los
empleados públicos) no podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el
ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional».
Esta ley es la que limita el número de horas lectivas a un
máximo de 75 horas anuales, lo que representa algo más de ocho horas mensuales
(o dos a la semana) durante todo el curso académico.
La ley, además, (artículo primero) deja bien claro que el
desempeño de un puesto de trabajo dentro de la Administración «será incompatible
con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado,
que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o
comprometer su imparcialidad o independencia». Algo nada fácil de salvaguardar
cuando el jefe del curso es, precisamente, quien contrata, lo cual se complica
todavía más en caso de litigio entre la Hacienda Pública y un contribuyente que
esté asesorado, precisamente, por el encargado de reclutar expertos
tributarios.
Fuentes que conocen bien su funcionamiento estiman que por
asistir a seminarios de día y medio en Madrid o Barcelona los emolumentos brutos
pueden ascender a unas 200.000 pesetas.
La pertenencia a los consejos de redacción de las revistas
técnicas es otra fuente habitual de ingresos, lo cual no es, desde luego,
incompatible con el desempeño de una labor profesional. El problema nace en el
mismo momento en que hay que dedicar muchas horas a esas actividades, en
detrimento de las oficiales.
