La Administración también tiene el propósito de reducir de 43 a 38 días el plazo medio de la tramitación de devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a las empresas exportadoras.

El secretario de Estado de Hacienda explicó que la Agencia Tributaria prevé gestionar este año una recaudación líquida de impuestos de 14,989 billones de pesetas, lo que supone un incremento del 3,3%, con respecto a 1998. En el terreno de la lucha contra el fraude fiscal, la previsión es detectar un 6% más, hasta alcanzar una cifra de 1,078 billones de pesetas.

Además de reducir el plazo medio para las devoluciones del IRPF, Hacienda pretende potenciar los servicios de atención por teléfono y vía Internet, que eviten los desplazamientos a las oficinas de la Agencia Tributaria para resolver trámites o efectuar consultas.

Los objetivos de la Administración son incrementar en un 5% el número de llamadas telefónicas de atención al contribuyente y en un 10% los contactos vía Internet este año. La Agencia Tributaria también quiere potenciar el servicio de comunicación previa a los contribuyentes de los datos relativos a su situación tributaria, puesto en marcha el año pasado, con el objetivo de incrementar en un 30% el número de personas demandantes de ese servicio.

Se abrirán 100 nuevos puestos de atención al ciudadano para incrementar en un 5% el número de declaraciones confeccionadas con el programa PADRE de asistencia al contribuyente.

Críticas parlamentarias

Durante su comparecencia, Juan Costa escuchó duras críticas de la oposición parlamentaria a las labores de inspección y lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria en 1998. Los parlamentarios del Grupo Socialista, Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya (IC-V) hicieron hincapié en la caída experimentada por la deuda liquidada y en las contradicciones que, a su juicio, presentan las cifras presentadas por el Gobierno ante el Parlamento durante el año y las del fin del ejercicio.

Costa sostuvo que la deuda liquidada -la aprobada por los inspectores jefe tras la instrucción- disminuyó en 1998, con respecto a 1997, porque en éste se hizo un gran esfuerzo por liquidar la deuda instruida en ejercicios precedentes.

Arantxa Mendizábal, diputada del PSOE, afirmó que la gestión de la Agencia Tributaria «no está para triunfalismos» y que los resultados del año pasado han llevado al organismo a los «índices más bajos de credibilidad». El diputado de IU Pedro Antonio Ríos propuso que una delegación de la Comisión de Economía y Hacienda acceda a los datos informáticos de la Agencia para contrastar unas cifras que, en su opinión, «no son aceptables».

Josep Sánchez Llibre, de Convergencia i Unió (CiU) señaló que, en un plano general, la Administración «ha hecho sus deberes con nota aceptable», pero precisó que en los diferentes impuestos, los resultados difieren de las previsiones, especialmente en la recaudación del IRPF. Joan Saura, diputado de IC-V, afirmó, por su parte, que el único propósito del Plan de Objetivos de la Agencia Tributaria es mejorar la relación con los contribuyentes de buena fe y afirmó que con él «se acaba el control parlamentario».

Todos los grupos coincidieron, a la hora de reclamar al Gobierno, en que haga lo posible por solucionar cuanto antes el conflicto que enfrenta al colectivo de subinspectores de Hacienda con la Administración.

Mendizábal sostuvo que el Gobierno ha demostrado su «incapacidad» para resolver la cuestión, mientras que Sánchez Llibre advirtió del peligro de que el conflicto dañe la imagen de credibilidad y modernidad que pretende ofrecer Hacienda.