CARLOS SANCHEZ
MADRID.- Menos actas pero más cuantiosas. Esta es la
filosofía que impera en la Agencia Tributria, en la que se ha
optado en 1998 por inspeccionar de forma concienzuda a menos
contribuyentes, pero intensificando la labor fiscalizadora
respecto de los colectivos con mayores probabilidades de
fraude fiscal.
El resultado de este cambio de filosofía se resume en que
el año pasado Hacienda abrió actas a 36.303 contribuyentes,
lejos de los 51.274 expedientados un año antes, lo que supone
un descenso del 29,2%. A cada contribuyente, como media, se le
levantaron 2,3 actas.
La cantidad de dinero presuntamente defraudada es, sin
embargo, mayor. Si en 1997 la deuda media por contribuyente
inspeccionado por Hacienda ascendió a 9,7 millones, el año
pasado la media por acta fue de 13,3 millones de pesetas. En
total, la deuda instruida en las actas de inspección ascendió
a 482.467 millones de pesetas.
Si además de las labores inspectoras -generadoras de un
acta- se agregan las actuaciones mediante la simple
comprobación de datos (gestión y recaudación) o las derivadas
de las actuaciones realizadas por Aduanas, el resultado final
es que el año pasado se cerró con un fraude descubierto
superior al billón de pesetas.
En total, la deuda instruida (a falta de la firma de los
responsables de la inspección) ascendió a 1,066 billones, lo
que supone un incremento del 12,50%, mientras que la liquidada
(la que ha completado todos los trámites administrativos)
ascendió a 1,056 billones, con un aumento mucho menor del
3,10%.
Tribunales
En cuanto a las actuaciones que llevan aparejadas un delito
fiscal, Hacienda avanzó ayer que se han enviado a los
tribunales unos 700 expedientes, por una cuantía que asciende
a 142.398 millones de pesetas. Esta cifra representa un
aumento del 174% respecto de la registrada en 1997.
Hacienda avanzó ayer estos datos, días antes de que su
responsable, Juan Costa, tenga que comparecer en el Parlamento
para presentar el habitual informe cuatrimestral sobre
evolución de la recaudación pública.
La comparecencia de Costa ha cobrado más interés después de
que en su última intervención fuera acorralado por los
diputados de la oposición sobre un presunto empeoramiento en
la lucha contra el fraude.
Para el debate del próximo martes en el Congreso, los
partidos de la oposición contarán con la alianza de los
subinspectores de Hacienda que, en plena guerra profesional
con los responsables del fisco, han calificado como falsos los
datos suministrados por sus superiores. Como consecuencia de
ello, han pedido formalmente la creación de una comisión de
investigación parlamentaria sobre las actuaciones de la
Agencia Tributaria.
Esta es una de las decisiones adoptada en la asamblea
celebrada ayer por los subinspectores, según informó la
presidenta de la Asociación de Subinspectores de Tributos,
Alicia Arteta. Arteta indicó, informa Efe, que la Asociación
ha apelado al Tribunal Supremo para que suspenda cautelarmente
un artículo del Reglamento General de Inspección, por
considerar que perjudica los intereses profesionales de los
subinspectores y vulnera los derechos de los contribuyentes.
Muy al contrario, el director de la Agencia Tributaria,
Ignacio Ruiz Jarabo, calificó de «técnicamente imposible» la
posibilidad de que los resultados de la Agencia Tributaria se
puedan «falsear» y dijo que las acusaciones de los
subinspectores «no se corresponden con la realidad».