 Los
subinspectores y la Agencia Tributaria aproximan posturas, aunque los
funcionarios seguirán manteniendo su huelga de celo.
Los subinspectores de Tributos y la Agencia Tributaria acercaron
posiciones sobre la posibilidad de que los primeros cuantifiquen deudas,
según dijo tras la reunión entre ambas partes la portavoz de la Asociación
de Subinspectores, Alicia Arteta, quien aseguró que continuarán con la
huelga de celo.
La reunión se convocó con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las
partes y responder a la petición de los primeros de que se les reconozca
sus funciones con normas legales de rango adecuado y que además se les
abra la posibilidad de ascender en la carrera profesional, pero no se han
conseguido esas metas, por lo que el colectivo seguirá con el "trabajo a
reglamento".
Arteta declaró que únicamente se ha alcanzado un "punto de
entendimiento" en relación con el reconocimiento de la función de
ultimación que, aunque corresponde a los actuarios, lo han venido haciendo
los jefes de unidad.
También explicó que en relación con este asunto se ha acordado la
futura firma de una resolución (a pesar de que los subinspectores
reclamaban una ley) aunque no se ha precisado cuándo -según Arteta será a
partir de septiembre-.
En relación con la queja de los subinspectores de que las cinco
categorías del colectivo ejercen funciones similares y tienen diferencias
de sueldos de hasta dos millones, Arteta afirmó que la dirección de
Hacienda ha señalado que ése es un problema general de la Agencia y que se
tendrá que plantear "a nivel general".
Según Arteta, el colectivo pidió un "gesto de buena voluntad" al
solicitar que los subinspectores vuelvan a cobrar el complemento de
productividad que dejaron de recibir al negarse a cuantificar deudas, pero
la dirección decidió no cambiar su postura.
El conflicto comenzó cuando los subinspectores iniciaron el pasado mes
de enero una huelga de celo por la que decidieron negarse a cuantificar
deudas tributarias y limitarse al acopio de datos para la elaboración de
las actas por considerar que lo primero es función de los inspectores.
Para el colectivo, el hecho de que dejen de cuantificar estas deudas,
que suponen entre 180.000 y 230.000 millones de pesetas anuales, puede
conllevar un colapso de la Administración, que dejaría de hacer anualmente
entre 25.000 y 30.000 inspecciones tributarias.
Los subinspectores aseguran que el hecho de hacer funciones que no les
corresponden como "cuantificar deudas" podría suponer "una nulidad de
pleno derecho de la práctica totalidad de las actuaciones hechas por los
subinspectores, así como posible indicio de falsedad de documento
público".
Así mismo, solicitan a la Agencia el reconocimiento legislativo de las
funciones de ultimación que han desempeñado, la valoración objetiva de las
funciones de todos los puestos de trabajo del colectivo y el cambio de
denominación del colectivo cuyos miembros pasarán a denominarse
inspectores técnicos de Tributos.
Además, el colectivo, que ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo
para explicarle su problema, denuncia que desde que comenzaron las
protestas la Agencia Tributaria ha retirado a varios miembros de este
colectivo el complemento de productividad y las ha amenazado con la
apertura de expedientes disciplinarios.
En la reunión estuvieron el director del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria, Francisco Valencia, y el Director del
Departamento de Recursos Humanos, Roberto Serrano López.
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